El Gobierno publicó el decreto de Milei que busca endurecer las sanciones a las empresas que exploten petróleo en Malvinas

El Gobierno reglamentó una parte de los anuncios que Javier Milei realizó en cadena nacional este jueves sobre las Islas Malvinas, destinados a endurecer el régimen de sanciones para empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas desarrolladas sin autorización argentina en los espacios marítimos bajo disputa con el Reino Unido.

La decisión quedó ratificada a través del Decreto 868/2026 publicado en el Boletín Oficial de este viernes. La normativa introduce modificaciones en la aplicación de la Ley 26.659, la norma que regula aquella actividad en la Plataforma Continental Argentina y establece sanciones para quienes operen sin habilitación de las autoridades nacionales.

En los fundamentos, el Gobierno remarcó que distintas personas y empresas “comenzaron a desarrollar de manera ilegítima actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos” en los espacios marítimos circundantes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Además, afirmó que esas actividades resultan “incompatibles con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, que insta a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe la disputa de soberanía.

El decreto recordó que la Ley 26.659 ya prohíbe desarrollar actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina, participar directa o indirectamente en empresas que las realicen o contratar servicios destinados a esos desarrollos cuando no cuenten con habilitación nacional.

También señala que desde la sanción de esa ley ya fueron declaradas “clandestinas” diez empresas por desarrollar esas actividades sin autorización de las autoridades argentinas.

Uno de los principales cambios consiste en designar al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como nueva autoridad de aplicación de la Ley 26.659. Según el Gobierno, esto permitirá una mayor articulación entre las acciones administrativas previstas por la norma y la estrategia diplomática vinculada al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

La normativa también establece que cualquier organismo o entidad de la Administración Pública Nacional que tome conocimiento de hechos que puedan encuadrarse dentro de las conductas prohibidas por la ley deberá informar esa situación a Cancillería dentro de los cinco días hábiles posteriores.

Otra modificación apunta a acelerar los procedimientos sancionatorios. El decreto fija un plazo de diez días hábiles administrativos para que los presuntos infractores presenten su descargo y ofrezcan pruebas. Posteriormente, la autoridad de aplicación deberá emitir una resolución fundada dentro de los diez días hábiles posteriores a la presentación del descargo, al vencimiento del plazo para hacerlo o a la finalización de la etapa probatoria.

El texto también incorpora nuevas exigencias para quienes pretendan adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). A partir de ahora, los Vehículos de Proyecto Único (VPU) deberán presentar una declaración jurada suscripta por su representante legal “en la que se consigne el cumplimiento actual y futuro de las disposiciones de la Ley N° 26.659 y su modificatoria, tanto por el vehículo como por las personas vinculadas a él”.

En los considerandos, el Gobierno sostiene que resultaría contradictorio sancionar empresas por actividades petroleras vinculadas con Malvinas y, al mismo tiempo, otorgarles “beneficios fiscales” como los previstos en el RIGI.

También afirma que hacerlo implicaría favorecer a quienes “desconocen activamente la soberanía argentina” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares circundantes

Pese a incluir varias de las medidas anticipadas por Milei en cadena nacional, el texto oficial no contuvo otros anuncios realizados por el Presidente como la creación de un Consejo de Seguridad Nacional o la construcción de una base naval integrada de Tierra del Fuego.